Hipocresía Vital

Por María Rodríguez González-Moro

Hay veces que si el tiempo del reloj no lo impide, y aunque sea sin permiso de la autoridad, me entretengo mientras desayuno viendo los programas matinales de televisión que parecen continuar la senda del antiguo periódico El Caso. En más de una ocasión, tal vez demasiadas, entre sorbo y sorbo de café no tengo más remedio que sonreír ante la avalancha de despropósitos de los juzgadores televisivos, a la sazón periodistas dramaturgos, abogados oportunistas, criminólogos profesionales, criminólogos espontáneos, psiquiatras en busca del psicópata perdido, expertos en lenguaje gestual, agentes secretos venidos a menos y opinadores de todo tipo y condición.

La verdad es que es todo un espectáculo catódico, o tal vez ahora deba decir plasmódico, ver como se pisotea la presunción de inocencia de los seleccionados para el escarnio público de la escaleta televisiva que toque ese día; escandaliza ver cómo se juega con pruebas policiales fruto de investigaciones en marcha filtradas por no se sabe quién, pero sin duda alguien con placa; llaman la atención los debates televisivos sobre instrucciones abiertas en las que los abogados interesados nutren de munición para la batalla del verbo; sorprende ver como incluso el secreto de sumario se toma más a la ligera que cuando yo, de niña (¡qué tiempos!) le contaba a una amiguita un secreto al oído con el compromiso de que no se lo dijera a nadie. Y, por supuesto, de entre todo esto lo que sobresale es contemplar, desde la vergüenza del esperpento, a renombrados profesionales (o por lo menos renombrados) sentando cátedra de sus juicios paralelos, esos que dejan de lado la maquinaria de una justicia, presuntamente justa, para alentar a las masas a ir preparando la hoguera sin tener en cuenta que los preceptos constitucionales están plagados de señales triangulares que advierten del peligro de incendio.

Y ya puestos, y teniendo en cuenta que la cabra suele tener tendencia a tirar al monte, recuerdo cuando “El Colo” (José María Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía, que en paz descanse), puso el huevo (económicamente hablando) con aquello de que eran las empresas de seguridad privada las que tomaban el relevo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la vigilancia y control de acceso a edificios oficiales. De repente se pensó que ese trabajo lo podían hacer vigilantes jurados y guardias de seguridad, mientras guardias civiles y policías se podían dedicar a perseguir a los malos, que para eso se habían preparado. Aquello fue como la fiebre del oro para las empresas de seguridad, pero mucho más para aquellas que, contando con información privilegiada, supieron estar donde había que estar y en el momento que había que estar. Lo de menos era que el presupuesto que había para vigilancia se multiplicase, porque desde luego el sueldo de policías y guardias civiles que hacían esas funciones no era, ni de lejos, comparable con las tremendas y abultadas facturas que las empresas de seguridad presentaban para su cobro al Estado, sino que presumiblemente el hecho de liberar personal armado y suficientemente cualificado redundaría en mejores porcentajes de seguridad en las calles. Entonces, digo yo, ¿no sería posible hacer lo mismo con los detectives privados, atribuyéndoles trabajos que permitan liberar igualmente a policías y guardias civiles de investigaciones, digamos, de índole menor?

No parece de recibo, o al menos a mí no me lo parece, que veamos a diario en la televisión a la policía investigando a pobres diablos que estarían mejor de figurantes en cualquier capítulo de la novela picaresca española que siendo perseguidos como peligrosos delincuentes. ¿No sería mejor dedicar ese tiempo tan precioso a cuestiones más en la línea del grado de alerta en el que nos encontramos desde hace ya mucho tiempo? Claro que, el hecho de que la mayoría de detectives privados sean auténticos “llaneros solitarios”, no ayuda mucho a que sean tenidos en cuenta como colaboradores policiales de baja intensidad, tal vez si pertenecieran a grandes empresas, y esas empresas pertenecieran a su vez a prohombres de la vida pública, esa en la que las ramificaciones políticas penetran tanto como las raíces de las acacias africanas en busca de agua, sería más que seguro que podríamos ver una modificación de la ley en la que los detectives cumplieran labores de desahogo policial y los dueños de esas empresas hicieran lo propio de su cargo, las labores de un Dioni cualquiera sin necesidad de despeinarse, ni de comprarse peluca.

Los celiacos ya pueden ir encontrando muchos productos en los que el gluten se ha descartado avisando para ello con un preceptivo texto de “sin gluten”, pero lo que nunca encontrarán, ni tampoco los que no somos celiacos, es un aviso de “sin hipocresía vital” en el pan nuestro de cada día que supone vivir rodeados de tanto parecer sin ser. Tendré que apagar la tele más a menudo, esto no puede ser compatible con las alteraciones propias de la primavera.

Lo que parece y lo que es

Por María Rodríguez González-Moro

Cuando escribo este artículo está pendiente una decisión del Supremo respecto a si acepta un recurso de modificación de sentencia relativo a la paternidad otorgada a un conocido presentador de televisión a quien, ya en firme, se le adjudicó dicha paternidad toda vez que se había negado reiteradamente a realizar las pruebas biológicas que demostrarían una cosa o la otra. Es evidente que la persona en cuestión, el presentador, estaba en su derecho de negarse a realizar dichas pruebas, máxime si él sabe que la duda razonable es más que una sospecha y que los incontables amigos de la madre demandante daban pie a una presunta multipaternidad aleatoria; lo que no está tan claro es que por ello, por negarse, se le deba condenar eternamente a tener un hijo que puede que no sea suyo, ya que si un hijo biológico es difícil de llevar en la sociedad actual, un hijo fallado por un tribunal cabría la posibilidad de que llegase a ser una auténtica pesadilla vital.

 Imaginemos por un momento que, dado su altísimo nivel de popularidad, y especialmente cuando se ubican los hechos en el tiempo en el que pretendidamente ocurrieron, varias mujeres hubieran dicho que sus hijos habían sido fecundados por el presentador cuestionado, y además como prueba esgrimieran el argumento de que a esos niños les encantaba ver la televisión, incluso que cuando salían de paseo, y veían un friki por la calle, los pequeños le llamaban “papá” al confundirlo con los personajes a los que el presentador solía entrevistar. ¿Estaría este hombre obligado a hacerse pruebas de paternidad para todas ellas como el que va cambiando de canal con el mando de la televisión? La respuesta es sí, con la ley en la mano lo más probable es que los diferentes jueces instructores le planteasen la obligación de hacerlas o le amenazasen, porque al final es de lo que se trata, de una amenaza legal, con encasquetarle tantos vástagos artificiales como madres fueran apareciendo. Bye, bye a la presunción de inocencia.

Mientras doy vueltas con una cuchara a mi té, al que he añadido una nube de leche, pienso que la situación actual del presentador con paternidad judicializada viene a ser lo mismo, hay algo que puede dar una vuelta al caso, como la cuchara, y una nube tormentosa que se cierne amenazante, como la nube de leche. La cuchara capaz de dar la vuelta es el recurso presentado por la hija del presentador para reabrir el caso, ya que ella es persona perjudicada que puede ver mermados sus intereses hereditarios, e incluso los familiares, porque no es lo mismo tener un medio hermano que no tenerlo; por cierto, me quito el sombrero (aunque sea de lana) delante del abogado al que se le ha ocurrido esta estrategia. La nube de leche, siguiendo con el símil de mi té, representa la sentencia firme ya dictada, ya que los jueces no son muy amigos de modificar lo firmado, y sobre todo si se llegaron a dar, parece, hasta cuatro oportunidades para que el presentador demostrase que era “inocente”. Nunca entenderé que la carga de la prueba en estos casos dependa siempre del acusado y no del que acusa, ya que hay medios suficientes para acusar con pruebas más allá de que sea el acusado el que tenga que ceder a realizarse las pruebas biológicas, no olvidemos que ello conlleva también un malestar importante que se genera en el entorno familiar del denunciado.

Me ha parecido muy interesante que, en esta especie de último intento azorado de poner las cosas en su lugar, fuera un detective privado, por encargo de la hija biológica del presentador, quien consiguiera el elemento del que se extrajo el adn del niño al que se le busca padre entre tantos posibles (creo que se trataba de un tenedor); y también me ha parecido interesante que la parte contraria exponga ante el fiscal de menores toda suerte de improperios, cuestionando desde el derecho a que se le haga esta jugada a un menor de edad sin el consentimiento de la madre, hasta la ruptura de la cadena de custodia por no tratarse de prueba forense consentida, cargando por ello contra la interesada, hija del presentador, y contra éste mismo por entender que se trata del instigador en la sombra.

No conozco los detalles de la sentencia por la que se condenó al presentador a paternidad perpetua, por lo que no puedo saber exactamente si se podrían haber evitado el paso de contratar a un detective privado simplemente ejerciendo de padre, lo que actualmente es por ley, y tomando él mismo la prueba biológica de su hijo legal y presuntamente biológico. Pero, en todo caso, y ya que han recurrido a un profesional de la investigación cuya licencia le cualifica para este tipo de operaciones, teniendo además en consideración que la persona contratante goza de interés legítimo en la causa, lo que cabría esperar del alto tribunal es que entienda que hay motivo suficiente para la revisión, lo contrario sería dejar en el aire la sensación jurídica de que una cosa es lo que parece ser y otra lo que es. De la vida rota del menor prefiero no opinar, vendría a ser como echarle sal al té, no habría por dónde cogerlo.   

Inocencia tardía

Por María Rodríguez González-Moro

Hay noticias que me suelen dejar helada, en la mayoría de los casos por su dureza anti humana, pero también hay otras que me dejan perpleja por su evidente falta de rigor informativo y, a pesar de ello, ocupar lugar preferencial en los medios de comunicación. Y también existen noticias que mezclan ambas sensaciones, como la del “Caso Nadia”, en las que conviven la dureza de saber que existen acontecimientos que una no puede ni imaginar, con una difusión que las convierte en pura fantasía especulativa.

El Caso Nadia me está enseñando muchas cosas, una de ellas que existen palabrejas tan raras como lo que quieren denominar, porque ya me dirán si “Tricotiodistrofia” no es una palabra que se las trae. La mayoría de nosotros, creyentes adoradores (y adoratrices, por si alguien se ofende) de un mundo tan feliz como el de Aldous Huxley, pensamos que esto de las enfermedades es algo de sota, caballo y rey, y que éstas son tan conocidas y manejables que con un simple Ibuprofeno en la mano podemos llegar a enfrentarnos a ellas sin más problema. La realidad no es así, hay tantas enfermedades desconocidas como estrellas somos capaces de ver sin telescopio a partir de la contaminación lumínica, por lo que supongamos que, con un buen telescopio, y sin luces perturbadoras, la posibilidad de secuenciar enfermedades raras, o mejor aún, inimaginables para el actual conocimiento humano, puede ser tan infinita como deprimente, ya que nos muestra la vulnerabilidad a la que estamos expuestos a pesar de nuestra soberbia, tan infinita como esa secuenciación de patologías imposibles.

También este caso de la niña presuntamente tricotiodistrófica (ya que a la hora de escribir esto parece que nadie ha aportado un solo documento médico que confirme ni la enfermedad, ni tipo ni grado, más allá de la sospecha de un pediatra hace alrededor de nueve años), me ha hecho reflexionar mucho, qué digo mucho, muchísimo, sobre las cosas que guardamos en los archivos de nuestras vidas (sean estos digitales o palpables), porque en cualquier momento puede llegar alguien que, al tirar de ellas, las versione según su digno entender otorgándoles lecturas que casen más con el delito que con la simpleza de pensamiento con que fueron hechas. Y así, tenemos las pretendidas fotos erótico festivas de los padres en un pendrive que el instructor ha dado por pornográficas y exhibicionistas según, como acabo de apuntar, su digno entender personal y jurisprudencial, sea éste opusiano o liberador. Ahora va a resultar que todos somos actores porno de la película de nuestra vida, porque pocos nos libramos de retratar, o haber sido retratados, en algo tan natural como nuestra madre nos trajo al mundo, a no ser que se trate de un bebé probeta y lo pornográfico sea disponer de imágenes de tubos de ensayo.

Parece broma esta reflexión que publico, pero no lo es, la imputación de dos personas por fotografiarse desnudas, independientemente de lo que parezca que estén haciendo en las fotos, y por aparecer el pie de una menor en ellas es para, cuanto menos, atemorizarse en primera persona y comenzar a destruir archivos, darse de baja de todas las redes sociales y hacer una pira con los aparatos que nos han podido llevar a esta situación de temor por referencia. La otra parte de la reflexión es si todas las fotos obtenidas por la policía y que el juez ha demonizado públicamente sin juicio previo (no olvidemos que un juez instructor no es un juzgador, sino un acumulador de datos, indicios, testimonios y pruebas para su posterior valoración en juicio), pudieran tener carga de prueba suficiente hasta el punto de saber si la pequeña era utilizada para otros menesteres, pero es que eso además ahora no es lo importante, sino que lo que verdaderamente cuenta es que la policía autónoma catalana ha infringido, sin aparente presunción, el derecho a la intimidad de una niña y sus padres cuya presunción de inocencia legal ya habían vapuleado con anterioridad sin que ello parezca tener importancia para nadie. ¿Cómo es posible que los Mossos hagan pública la captura de esas imágenes y hasta se atrevan a dejar salir en todo tipo de medios a su portavoz oficial para adherirse al linchamiento de la chusma? ¿No se supone que su obligación exclusiva habría sido localizar pruebas, en este caso esos dispositivos que contienen las imágenes referidas, y haberlos puesto a disposición del juzgado sin más publicidad?

Y, a más a más (ya que hablamos de temática catalana), ¿es mínimamente concebible que el juzgado encargado del caso Nadia emita un comunicado oficial dando la publicidad prohibida en un asunto donde la intimidad de menor y adultos es un bien a proteger? Hay que suponer que el juez instructor es plenamente consciente de la importancia de mantener los autos dentro de la carpeta designada para ellos pero, en este caso, el contenido de las imágenes y la lectura que se hace de las mismas ha sido explicado con tanto detalle que ni tan siquiera se requería imaginación previa para visualizarlas. ¿Qué pasaría si luego resultase que dichas fotos de la pareja, y el pie desconocido que aparece en ellas, pertenecían al entorno íntimo familiar y las de la niña, unas al seguimiento de los síntomas de la presunta enfermedad, y otras a lo gracioso que pudiera parecer a los padres fotografiarla desnuda? La respuesta es sencilla, no pasaría nada en cuanto a responsabilidades derivadas, y la prueba la tenemos en que nadie todavía ha pedido la dimisión de los Mossos responsables de la filtración ni, por supuesto, la corrección jurídica al juez instructor por parte del órgano competente, en este caso, y en primera instancia, del Consejo General del Poder Judicial. Desde luego, tampoco pasaría nada a todos los medios de comunicación que están haciendo leña del árbol caído criminalizando en mayor medida, si es que esto es posible, a unos padres que tal vez se han equivocado visto lo fácil que era obtener dinero, pero que lo mismo no son unos depredadores sexuales. Creo que todo el mundo sabe que las correcciones en el mundo carcelario a los sospechosos de pederastia no son precisamente muy de envidiar, ya que quien las padece puede ser incluso ejecutado, pero nada de esto parece importar a los sedicentes fustigadores de la presunción de inocencia que han hecho que uniformes, togas y medios eleven la denominación “república bananera” al más alto grado del esperpento.

Está bien que alguien se dé cuenta que todo esto está pasando, como la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor de Baleares, que ha abierto un expediente sobre el caso Nadia al entender que la continua e insostenible exposición de datos íntimos de la menor hace que se convierta en doblemente víctima, aunque tampoco pienso que la cosa llegue más allá de cuatro hipócritas golpes de pecho, porque las responsabilidades civiles, y hasta penales, de esta revictimización de la niña Nadia, no serán cubiertas y el caso pasará al catálogo de barbaridades patrias.

En lo referente al aspecto de la estafa, en modo presunción, me quitaría el sombrero si el abogado consigue demostrar la inocencia de los padres porque, aún sin conocer los detalles precisos que consten en autos, la evidencia publicada es tan abrumadora que cuesta pensar en otra solución más allá de la condena, la pública y la togada. Eso sí, las horas de publicidad que está consiguiendo el letrado en todo tipo de medios no tienen precio, y ya se sabe que ante una situación alambicada en lo judicial el investigado cliente futuro siempre tiende a buscar lo mediático, porque suele ser común que lo que sale en la tele debe ser bueno. En lo profesional este letrado, con semejante caso, es de los que apuestan por las Opciones Binarias, o acierta o pierde; pero en lo comercial no hay nada de binario, gana sí o sí. Lo considero un letrado inteligente al utilizar a los mismos medios de comunicación que alimentan la hoguera pública como parte de su estrategia de defensa, ya que si ellos no respetan a sus clientes lo lícito es que él se salga del entorno judicial para jugar igualmente a publicitar el otro punto de vista, el denostado.

Al final, de no ser por la implicación de una menor en todo esto, y también porque su vida ha quedado definitivamente marcada, la realidad de lo acontecido sería para mofarse de cuantos medios de comunicación presuntamente cualificados han estado implicados en el caso y a los que, fundamentalmente el padre de la niña, ha sabido venderles una burra coja haciéndoles creer que era capaz de dar saltos mortales. Esto debe servir de lección práctica a los Detectives Privados para que nunca olviden que sus indagaciones no pueden asentarse sobre presunciones, sino sobre hechos contrastados y verificados por los escasos cauces que les deja la administración pública; los medios de comunicación han dado una lección magistral de lo que no se debe hacer al dar muestras de una inocencia tardía y creerse a pies juntillas una historia tan fantástica que ni la propia niña protagonista creería con sus once añitos. Ahora, visto lo visto, optan por el derecho al pataleo y no dudan en esquilmar los microscópicos reductos de honra que les queda a quienes demostraron, desde su codicia monetaria, que aquellos que van de portadores de la verdad absoluta en su vertiente pública a veces no son más que vendedores de humo, tanto o más como quienes se lo vendieron a ellos.

Política investigable

 Por María Rodríguez González-Moro

Por mucho que una quiera ser inmune a la política, lo cierto es que resulta algo más que difícil escaparse a la tensión ambiental producida por una situación especialmente alambicada y, sobre todo, a esa sensación de tomadura de pelo que se siente cuando los “elegidos” de las diferentes formaciones se empeñan en aclarar, afirmar y confirmar que ellos son lo que son y el fin último, la buena gobernanza, les importa poco, ya que lo que cuenta es marcar su territorio como si nos encontrásemos en una suerte de berrea para ver quién puede hacerse con las partes pudendas del poder monclovita.

Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y se sentaban a la mesa se afanaban por ver quién terminaba antes de comer, y lo hacían así a pesar de mis constantes explicaciones respecto a que comer no era una competición, sino que cada cual debía alimentar su cuerpo a su ritmo porque, aunque el fin era el mismo, crecer, el objetivo era diferente puesto que se trataba de cuerpos distintos. Naturalmente eran tan pequeños que no continuaba la explicación diciendo que esos “cuerpos distintos”, trabajando cada uno por su cuenta pero con un objetivo común, serían los encargados de que la sociedad pudiera funcionar y mejorase día a día. Y así creo que debería ser la política, grupos y grupúsculos diferentes creciendo para el bien común, incluso cuando a veces las direcciones de crecimiento sean opuestas, pero siempre con el pensamiento de que lo que importa es lo único, y no me refiero al sexo, que también, sino al bienestar de toda una sociedad que ya bastante tiene con sobrevivir a la crudeza del duro invierno de una crisis, sobrevenida ésta por pensar que sentarse a comer a la misma mesa es una competición.

Con todo, lo peor de los políticos es su capacidad innata para desencantar a sus propios  votantes de la política, lo que vendría a ser como si una asociación nacional de heladeros se empeñase, por activa y por pasiva, en mostrar a sus consumidores lo perjudicial e insano de  comer helado en verano, que es cuando más se supone que facturan. Y esto es así porque, a más a más de sus delirios de grandeza, una vez que obtienen el poder, no importa si a gran escala o en un andurrial perdido, se afanan en su mayoría por dejarse caer en los brazos de la corrupción como si eso de ser honrados no estuviera bien visto en el oficio, haciéndose acreedores, desde el minuto uno, a la presunción de culpabilidad muy por encima de la presunción de inocencia.

Cuando alguno de mis alumnos me pregunta si el oficio de Detective Privado tiene futuro lo primero que me viene a la cabeza es la política, puesto que si para contratar a un detective es necesario tener un interés legítimo en la causa, todos los españoles en edad de votar estaríamos legitimados para contratar detectives que investiguen a los políticos antes, durante y después de su paso por la política. Es más, no hace tanto que el líder de Ciudadanos hizo un intento parecido con la empresa de “inteligencia empresarial” H4DM, el cual por cierto levantó mucho revuelo en el mundo asociativo detectivesco por entender que podría tratarse de un caso de competencia desleal a partir del intrusismo profesional. Los candidatos de la formación naranja fueron “forzados” a firmar una carta ética autorizando que se les investigase en la que se recogía esta cláusula: "Autorizar a Ciudadanos a obtener, por sí o por medio de personas o empresas de investigación privada, cualquier información que pueda afectar a su imagen pública o la de Ciudadanos, para analizar y evaluar las vulnerabilidades detectadas, así como para evaluar la idoneidad como candidato del interesado". Aquella iniciativa que buscaba la “virginidad” de los candidatos no tuvo un éxito excesivo, más que nada porque de partida casi todos somos buenos, pero me habría encantado que la investigación, ya con detectives profesionales de verdad y menos en plan inteligencia empresarial, hubiese permanecido en el tiempo monitorizando la actividad política de los finalmente elegidos, tal vez nos hubiese aportado momentos memorables para la investigación y vergonzantes para la política, o tal vez no, dejemos un pequeño resquicio a la presunción de inocencia para que no se diga.

La verdad es que, como todo el mundo sabe, la política atraviesa momentos bajos por su relación directa con el fango, pero si a ello añadimos las guerras internas de políticos, policías, jueces y demás oficios relacionados por el estilo, veremos que la cosa siempre puede ir a más, de ahí mi teoría sobre que la intervención de Detectives Privados contratados por la población (por muy exagerado que pueda parecer), sería mucho más justa que lo que hay en la actualidad y que destila olor, o mejor tufo, a venganzas ocultas o a turbias manipulaciones interesadas de la realidad.  Como ejemplo, entre miles, podríamos poner la filtración de la íntima amistad entre Pablo Iglesias y José Antonio Moral Santín, dirigente de Izquierda Unida con tarjeta black de Caja Madrid, o la actuación fuera de norma del comisario Manuel Vázquez, hasta hace nada jefe de la UDEF, tratando de influir a los jueces del Supremo en relación a la admisión a trámite de la querella sobre el Informe PISA (Pablo Iglesias S.A.).

También al comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, se le ha llegado a denunciar por realizar investigaciones ilegales para el PP sobre el ex tesorero Luis Bárcenas, cosa ésta que no entraría precisamente dentro del campo del precepto policial de estar a disposición de la población en lugar de presuntamente ponerse a las ordenes en la sombra de quien indirectamente gestiona su sueldo. Y desde luego, si hablamos de cosas del más allá de las catacumbas policiales, no podríamos olvidar al comisario Villarejo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, el mismo que a mediados de los 90 fue señalado por estar detrás del Informe Veritas, que pretendía recopilar asuntos turbios (muy turbios) de la vida personal del magistrado Baltasar Garzón, quien en aquellos momentos centraba parte de sus investigaciones judiciales en averiguar quiénes del Estado se encontraban detrás del GAL, algo que exasperaba a la cúpula del PSOE gonzaliano y a determinados mandos policiales que no andaban lejos de la trama.

Pero, con todo, lo más interesante es que este comisario Villarejo, también relacionado con el Pequeño Nicolás (esta sería su parte friki), ha ido creciendo en patrimonio con el paso de los años hasta poseer decenas de empresas y millones de euros, por lo que al final no ha habido más remedio que investigar una posible incompatibilidad con su función directa de funcionario. ¿Y quién ha sido el responsable último de realizar esta investigación? Pues, ni más ni menos, que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, la persona que puso en contacto al ya ex director de la Agencia Antifraude de Barcelona con el ministro de Interior. Y ahora, por causalidad, que no casualidad, aparecen en el entorno periodístico socialista las grabaciones realizadas a estos dos altos cargos, lo que sin remedio me hace pensar si podríamos estar ante un caso de venganza personal entre comisarios o, además de eso, ante el ataque de un partido (PSOE), utilizando su guardia pretoriana policial, contra otro partido (PP) para influir en el proceso electoral.  Naturalmente, para encontrar una respuesta primero habría que descubrir las pistas, sólo entonces podríamos mantener la sospecha sobre si el comisario Villarejo verdaderamente podría tener algo que ver en las grabaciones del despacho del ministro de Interior. A lo mejor no sería mala idea ejercer ese derecho que comentaba antes del interés legítimo de los ciudadanos para contratar a un detective privado en defensa del derecho a no ser manipulados, de poder hacerlo el detective tendría que infiltrarse en los lavabos de la Brigada Provincial de Información de Moratalaz (Madrid), parece que allí no se habla de otra cosa.

De secreta proditionis

Por María Rodríguez González-Moro 

Coincide la bronca de las grabaciones subrepticias al ministro del Interior, y al responsable de la Oficina catalana contra el Fraude, con unas charlas que detectives privados ya en ejercicio han dado a examinandos de la UNED con motivo del fin de curso. Mientras leo lo publicado sobre la cuestión ministerial recuerdo las caras de mis alumnos, las de los que hablaban instructivamente y las de los que escuchaban con el interés del que se apresta a lo desconocido, y no puedo menos que pensar qué pasará por sus cabezas cuando, año tras año, se les instruye para que cumplan escrupulosamente con los requisitos de la Ley de Seguridad Privada y, al tiempo, han de convivir con la podredumbre de la realidad, esa que deja con el síndrome del pazguato a los que cumplen las normas y apuestan por defender un sistema que parece una hidra de múltiples cabezas.

El descubrimiento y revelación de los secretos es un delito, a ello le pone nombre y número el Código Penal español, y podría ser constitutivo de agravio el que esos secretos fueran arrancados en el propio despacho del ministro del Interior, pero no me refiero tanto porque lo penal incida en ello, sino porque, más bien, el agravio podría ser estupidiario, esto es, que entre dentro del campo de la estupidez humana que alguien consiga semejante información de un lugar donde se tratan temas de alta sensibilidad relacionados con la seguridad del Estado. Naturalmente, en este caso, la estupidez no sería aplicable al que obtiene la información, puesto que éste (solo o en compañía de otros) ya de por sí obtiene el título de delincuente sin ni siquiera derecho a presunción de nada; me refiero más bien a aquella persona que se ha dejado grabar contando con todos los medios habidos y por haber para haberlo evitado. Evidentemente, como el señor Ministro delega la función de la seguridad personal y de su entorno en otras personas, el estúpido vendría a ser aquél a quien le han metido semejante gol por la escuadra, el máximo responsable de la seguridad en el Ministerio, siempre y cuando, por supuesto, que el mismo no forme parte, aquí sí presuntamente, de la organización criminal necesaria para alcanzar los objetivos.

En realidad, y aunque parezca mentira, cuando escribo esto no estoy pensando en eternizarme en plan literario sobre los múltiples y posibles elementos que han podido participar en la grabación al Ministro, huelga decir que debe haber otras muchas grabaciones porque eso es como la droga, una vez que la primera te ha gustado ya no eres capaz de dejarlo; tampoco tengo intención de extenderme en el posible delito en el que incurren de abrumadora manera masiva los medios de comunicación al publicar y publicitar dichas grabaciones, y esto es así porque el derecho a la información no puede nunca basarse en un delito previo, esto convierte al que publica en cómplice necesario del agravio; ni siquiera voy a entrar a opinar sobre la oportunidad de dar salida a estas grabaciones justo en un momento tan delicado en el que está en juego el equilibrio político de la nación; y, por supuesto, faltaría más, tampoco voy a manifestarme respecto de la obligación del agraviado de dimitir de su cargo de ministro del Interior, dado que lo que se desprende de las grabaciones, o se da a entender, por muy manipuladas, sesgadas y tergiversadas que estén, o por muy subrepticio que sea el origen de las mismas, es que estaba conspirando desde su cargo público para alterar el orden de las cosas en beneficio de sus ideales políticos, al igual que quien ahora las difunde. Pero nada de esto me interesa especialmente, sino más bien donde quiero recalcar mi preocupación, como decía al principio, es en lo que pueden pensar esos detectives privados que confían en mí para conocer cómo cumplir la ley de su profesión y, sin embargo, han de ver cómo los que sí ostentan el rango de autoridad a partir de una placa se permiten señorearse en el delito como si la ley no fuera con ellos. Y esto no es de recibo, porque las leyes son para todos, o deberían serlo, por mucho que la actualidad nos demuestre con frenética intensidad que lo que creíamos correcto, fiable, seguro, no es más que un espejismo tras el que se esconde un submundo obsceno.

Así las cosas, parece que pedir a mis alumnos lealtad a lo aprendido no sería más que una quimera mental similar a la que tienen (tenemos) los abogados cuando terminamos la carrera y creemos que vamos a cambiar el mundo desde el punto de vista de la justicia y la equidad. ¡Qué pardillos togados somos! los recovecos de la legalidad son tan intrincados y alambicados que, a todo aquél que tardase más de un año en darse cuenta después de haber obtenido el título, casi habría que darle una subvención colegial para realizarse una terapia de psicoanálisis. Aún así, y a pesar de las circunstancias, nunca hay que dejar de pensar que el bien triunfará sobre el mal, pero por si acaso seamos un poco malos para mimetizarnos con el sistema, como los camaleones.   

Reseña libro: Un Guerrero entre Halcones. Diario de un Detective Privado, de Rafael Guerrero

Por María Rodríguez González-Moro

Con cierta asiduidad me gusta perderme por las páginas de libros en los que la investigación privada resulta el hilo conductor de la trama, y esto es así porque es a partir de obtener datos de otras experiencias que tal vez pueda mejorar la mía como profesora de futuros detectives. En esta ocasión me llamó la atención el libro Un Guerrero entre Halcones. Diario de un Detective Privado, de Rafael Guerrero, y lo hizo especialmente porque se trataba de un libro escrito en primera persona por un detective privado profesional, con lo que prometía estar cargado de comentarios interesantes, posiblemente mucho mejores de los que se puedan encontrar en las licencias literarias de escritores que no saben nada de la profesión, más allá, por supuesto, de lo que pueda dar de sí su imaginación.

Al poco de comenzar a leerlo pude darme cuenta que el libro de Rafael Guerrero no está escrito para aspirar a ganar un premio literario, ya que los aficionados a la literatura tenemos un cierto grado de exigencia cuyo listón está cada vez más alto; sin embargo, y conforme me adentraba en esta novela realista, fui dándome cuenta que el autor deja muchas frases contundentes para el mundo de los detectives, frases que tal vez ya se sabían, pero que no es habitual verlas escritas, y menos aún por quien ha de padecerlas. Así, escribe Guerrero: “Cuando salí de la facultad nadie me había dicho lo que me iba a encontrar en la calle”. Esto es cierto en la profesión de detective privado y en todas las demás, pero tal vez sea en la de detective una de las profesiones en que esa diferencia es más palpable, porque la teoría universitaria choca frontalmente con la cruda realidad una vez que hay que tomar decisiones rápidas sobre la marcha y no queda tiempo para mirar el libro de instrucciones, de ahí que Guerrero añada a este respecto que “Cuando empiezas en esta profesión, estás totalmente perdido”. Sin embargo, al menos desde mi punto de vista, mucho más duro que sentirse perdido al comenzar a ejercer podría llegar a resultar la soledad, esa soledad siempre asociada a la figura mítica del detective la cual, sin duda, debe dejar momentos vividos tan especiales como rigurosamente duros. “Vocacional y solitaria. Así es mi profesión y mi vida”, escribe el autor.

Rafael Guerrero manifiesta que ha escrito este libro para saciar la curiosidad de sus amistades cuando le piden que les cuente sus experiencias, lo cual no me extraña, porque la vida de un detective privado siempre ha estado oculta tras el misterio que imprimen el cine y la literatura, concepción esta que no se debería dejar perder, ya que por mucho que ahora se quiera profesionalizar el oficio de forma aséptica, la figura del detective siempre perdurará en el imaginario popular como alguien que se esconde bajo un sombrero, el cuello levantado de su gabardina y el humo de un cigarro inacabable. Eso sí, tal vez esta concepción solo sirva para aquellos que sientan la profesión como parte de su alma, y en esto Guerrero es muy contundente al matizar que existen detectives que viven la profesión, clientes que se creen detectives, intrusos puros y duros y, también, detectives empresarios, esto es, aquellos que entienden la investigación privada como una actividad industrial.

Ser detective privado, según Guerrero, es una profesión dura; de una parte, como él afirma, “en este trabajo, sabemos cuando salimos de casa, pero no cuando volvemos”, y es que una de las tareas  principales de los detectives, la vigilancia, “es un ejercicio de paciencia infinita” que incluso llega a tener sus efectos colaterales porque “todos los vecinos se convierten en investigados”, es decir, se ha de estar tanto tiempo en algunos lugares que uno llega a saber, sin querer, las costumbres del vecindario del propio investigado, lo que por otra parte no deja de generar su estrés añadido al detective cuando teme ser descubierto por alguno de los vecinos. Igualmente, ser detective privado hace que quien ejerce la profesión se convierta en una persona desconfiada, de hecho Guerrero llega a escribir “no me fío de nadie, ni siquiera de mi equipo”, entre otras cosas porque “todos somos una caja de sorpresas”.

Rafael Guerrero, “el detective Rafael”, el hombre que quería ser como James Bond y que aparece en el libro como soltero, apasionado por su profesión y por las mujeres, aclara que, como detective, “siempre hay que tener un plan de fuga”, recuerda que ésta “es una profesión clandestina de cara al público” por la necesidad imperiosa de pasar desapercibido y deja un hueco para la reflexión cuando escribe que “no se debe juzgar a nadie porque nadie conoce absolutamente todos los factores que inducen a una persona a actuar como lo hace. Y menos podemos juzgar en esta profesión, en la que solo escuchamos, observamos y documentamos e informamos al cliente”.

Un Guerrero entre Halcones es un libro de lectura fácil, con una trama sencilla en la que se cuentan las interioridades de un operativo; un libro en el que, sin duda, se verán reflejados muchos detectives vocacionales y que también ofrece una idea meridiana de las muchas cosas que pasarán por la cabeza a todos aquellos que, un buen día, decidan enfrentarse a ejercer la profesión.

Un Guerrero entre Halcones. Diario de un Detective Privado

Rafael Guerrero

Editorial Círculo Rojo

ISBN: 978-84-9050-165-8

Estercolero mediático

Por María Rodríguez González-Moro

Pongo la tele y veo en directo a un ajusticiado, como presunto coautor de la muerte de su hija, sentado delante de un Tribunal y refiriéndose a los medios de comunicación televisivos de la mañana en su declaración como un “Estercolero mediático”. Lo primero que me viene a la cabeza es que este señor, dado que se encuentra en prisión, tal vez no tenga acceso a un televisor por la tarde, o por la noche, porque entonces, a buen seguro, habría ampliado su denominación de origen en lugar de acotar que son los programas de “por la mañana” los únicos incluidos en ese estercolero mediático.

Ciertamente es normal que este hombre piense como piensa, y de hecho es más que posible que otros en su misma situación piensen igual, porque hay algunos programas en la parrilla televisiva española en los que parece que, lo único que se pretenda, sea apropiarse de las funciones del juez instructor para realizar una instrucción paralela de los casos más llamativos (o más mediáticos) y, a más a más, como dicen los catalanes, llegar incluso a juzgar por adelantado al incauto que tuviera la mala suerte de ser marcado como imputado (o investigado, o jodido), dando el caso como visto para sentencia mucho antes de que el juicio real llegue a comenzar.

En este “estercolero mediático”, como lo denomina el dicente juzgado, cabe de todo, no sólo periodistas investidos del manto de la investigación como ángeles exterminadores, sino también letrados, o letradas, que a veces pierden las letras estudiadas para dejarse llevar por el ambiente del plató; expertos en lenguaje visual, postural y hasta videncial, puesto que llegan a imaginar lo que no se muestra al tiempo que los presentes asienten como cuando se va a un vidente y una se cree toda la sarta de obviedades que el ínclito visionario le va relatando a medida que las cartas “hablan”; policías jubilados, y otros no tanto, que han estado directamente relacionados con la investigación del caso en cuestión y que no dudan en hacer el ridículo con tal de ganar el minuto de gloria pública que parece no pudieron ganar durante los años de su abnegada y arriesgada carrera; aunque, con todo, lo mejor sin duda son los psiquiátras forenses, los cuales parecen levantados de su propio diván y llevados a la televisión para alardear de una pseudo psiquiatría únicamente superada por algunos intrusos profesionales que hubieran conseguido su título en un curso por correspondencia. Y digo esto porque me resulta, escandaloso no, lo siguiente, ver a personas a las que se supone altamente cualificadas dando su opinión “profesional” indiciaria sobre reos que han sido elevados a la categoría de personajes por obra y gracia de una decisión periodística y cuya presunción de inocencia ha sido obviada, machacada, pisoteada e ignorada invocando un derecho de información que se subroga las funciones de toda la estructura judicial.

Naturalmente que el que está siendo juzgado en directo tiene razón al denominar estercolero mediático esta suerte de mezcla entre información, opinión y basura, “¡nada más que basura!”, que diría la antes también mediática “Bruja Lola”, aquella que amenazaba con encender dos velas negras a quien osare meterse con ella. Y ahora que lo pienso, no hay tanta diferencia entre las amenazas de tan maléfica señora y las de estos ángeles exterminadores del periodismo, solo que sus “velas negras” son más programas monográficos dedicados a destruir la presunción de inocencia y a quedar por encima de quien no puede responderles.

Ya en su día el Constitucional matizó que la opinión no tenía porqué ser veraz (siempre que no lo fuera insultante), puesto que, a fin de cuentas, se ha de dar por hecho que cada uno de nosotros podemos ser portadores de una opinión distinta, pero lo que sí ha de ser cierta, ineludiblemente, es la información, porque en ella se narran hechos que, de no ser ciertos, podrían causar graves perjuicios de consecuencias imprevisibles. Sin embargo, el alto tribunal no dijo nada de cuando se mezcla opinión interesada (por aquello de crear morbo que suba los índices de audiencia), con información absolutamente sesgada y con peritajes profesionales de quienes no saben distinguir la ciencia con el ridículo, todo ello se agita bien y se sirve perfectamente desvirtuado en una especie de cóctel coprofágico y nauseabundo.

En Justicia no siempre es leche  todo lo que es blanco y en botella, hay muchos matices que pueden determinar que el contenido de la botella puede ser cualquier otra cosa y, en caso de duda razonable, actuar siempre a favor del reo. Sin embargo esto no es aplicable a los juicios paralelos mediáticos, en los que ni siquiera es necesario que el contenido de la botella sea blanco para hacer creer a todo le mundo que se trata de leche. ¿Y si después resulta que no era leche? Pues no pasa nada, se traen al plató más expertos y peritos de toda condición para decir, y dar por sentado, que puede haber leches de cualquier color y que, si además estaba en una botella, entonces a quien hay que juzgar es al juzgador que no ha sabido verlo. Me pregunto por qué gastamos tanto dinero en un ingente aparato judicial, que además es lento, muy lento, cuando podríamos dejar la ejecución de la misma en manos de los coordinadores del “estercolero mediático”, bautizado así por alguien que se enfrenta a una petición de muchos años de prisión partiendo de la base de haber sido juzgado ya dos años antes de comenzar el juicio. La única posibilidad que le queda es que el jurado popular que ha de tomar la decisión sobre su inocencia o culpabilidad no fuera adicta a los programas matinales, aunque dado que ha sido ese propio jurado quien ha decidido que las sesiones del juicio sean retransmitidas en directo, mucho me temo que el acusado puede irse dando por condenado, habida cuenta de que dicha decisión más bien parece tomada por teleadictos.

Triste realidad que dejemos el bien más preciado de alguien, la libertad, en manos de quienes ni saben ni pueden hacer de jueces. Más que un estercolero mediático yo diría que la televisión pseudo juzgadora es una especie de agujero negro infinito por el que cabe todo. Así nos va.