Por María Rodríguez
González-Moro
Hay noticias que me suelen dejar
helada, en la mayoría de los casos por su dureza anti humana, pero también hay
otras que me dejan perpleja por su evidente falta de rigor informativo y, a
pesar de ello, ocupar lugar preferencial en los medios de comunicación. Y
también existen noticias que mezclan ambas sensaciones, como la del “Caso
Nadia”, en las que conviven la dureza de saber que existen acontecimientos que
una no puede ni imaginar, con una difusión que las convierte en pura fantasía
especulativa.
El Caso Nadia me está enseñando
muchas cosas, una de ellas que existen palabrejas tan raras como lo que quieren
denominar, porque ya me dirán si “Tricotiodistrofia” no es una palabra que se
las trae. La mayoría de nosotros, creyentes adoradores (y adoratrices, por si
alguien se ofende) de un mundo tan feliz como el de Aldous Huxley, pensamos que
esto de las enfermedades es algo de sota, caballo y rey, y que éstas son tan
conocidas y manejables que con un simple Ibuprofeno en la mano podemos llegar a
enfrentarnos a ellas sin más problema. La realidad no es así, hay tantas
enfermedades desconocidas como estrellas somos capaces de ver sin telescopio a
partir de la contaminación lumínica, por lo que supongamos que, con un buen
telescopio, y sin luces perturbadoras, la posibilidad de secuenciar
enfermedades raras, o mejor aún, inimaginables para el actual conocimiento
humano, puede ser tan infinita como deprimente, ya que nos muestra la
vulnerabilidad a la que estamos expuestos a pesar de nuestra soberbia, tan
infinita como esa secuenciación de patologías imposibles.
También este caso de la niña
presuntamente tricotiodistrófica (ya que a la hora de escribir esto parece que
nadie ha aportado un solo documento médico que confirme ni la enfermedad, ni
tipo ni grado, más allá de la sospecha de un pediatra hace alrededor de nueve
años), me ha hecho reflexionar mucho, qué digo mucho, muchísimo, sobre las
cosas que guardamos en los archivos de nuestras vidas (sean estos digitales o
palpables), porque en cualquier momento puede llegar alguien que, al tirar de
ellas, las versione según su digno entender otorgándoles lecturas que casen más
con el delito que con la simpleza de pensamiento con que fueron hechas. Y así, tenemos
las pretendidas fotos erótico festivas de los padres en un pendrive que el
instructor ha dado por pornográficas y exhibicionistas según, como acabo de
apuntar, su digno entender personal y jurisprudencial, sea éste opusiano o
liberador. Ahora va a resultar que todos somos actores porno de la película de
nuestra vida, porque pocos nos libramos de retratar, o haber sido retratados,
en algo tan natural como nuestra madre nos trajo al mundo, a no ser que se
trate de un bebé probeta y lo pornográfico sea disponer de imágenes de tubos de
ensayo.
Parece broma esta reflexión que
publico, pero no lo es, la imputación de dos personas por fotografiarse
desnudas, independientemente de lo que parezca que estén haciendo en las fotos,
y por aparecer el pie de una menor en ellas es para, cuanto menos, atemorizarse
en primera persona y comenzar a destruir archivos, darse de baja de todas las
redes sociales y hacer una pira con los aparatos que nos han podido llevar a esta
situación de temor por referencia. La otra parte de la reflexión es si todas
las fotos obtenidas por la policía y que el juez ha demonizado públicamente sin
juicio previo (no olvidemos que un juez instructor no es un juzgador, sino un
acumulador de datos, indicios, testimonios y pruebas para su posterior
valoración en juicio), pudieran tener carga de prueba suficiente hasta el punto
de saber si la pequeña era utilizada para otros menesteres, pero es que eso
además ahora no es lo importante, sino que lo que verdaderamente cuenta es que
la policía autónoma catalana ha infringido, sin aparente presunción, el derecho
a la intimidad de una niña y sus padres cuya presunción de inocencia legal ya
habían vapuleado con anterioridad sin que ello parezca tener importancia para
nadie. ¿Cómo es posible que los Mossos hagan pública la captura de esas
imágenes y hasta se atrevan a dejar salir en todo tipo de medios a su portavoz oficial
para adherirse al linchamiento de la chusma? ¿No se supone que su obligación
exclusiva habría sido localizar pruebas, en este caso esos dispositivos que
contienen las imágenes referidas, y haberlos puesto a disposición del juzgado
sin más publicidad?
Y, a más a más (ya que hablamos de
temática catalana), ¿es mínimamente concebible que el juzgado encargado del
caso Nadia emita un comunicado oficial dando la publicidad prohibida en un
asunto donde la intimidad de menor y adultos es un bien a proteger? Hay que
suponer que el juez instructor es plenamente consciente de la importancia de
mantener los autos dentro de la carpeta designada para ellos pero, en este
caso, el contenido de las imágenes y la lectura que se hace de las mismas ha
sido explicado con tanto detalle que ni tan siquiera se requería imaginación
previa para visualizarlas. ¿Qué pasaría si luego resultase que dichas fotos de
la pareja, y el pie desconocido que aparece en ellas, pertenecían al entorno
íntimo familiar y las de la niña, unas al seguimiento de los síntomas de la
presunta enfermedad, y otras a lo gracioso que pudiera parecer a los padres
fotografiarla desnuda? La respuesta es sencilla, no pasaría nada en cuanto a
responsabilidades derivadas, y la prueba la tenemos en que nadie todavía ha
pedido la dimisión de los Mossos responsables de la filtración ni, por
supuesto, la corrección jurídica al juez instructor por parte del órgano
competente, en este caso, y en primera instancia, del Consejo General del Poder
Judicial. Desde luego, tampoco pasaría nada a todos los medios de comunicación
que están haciendo leña del árbol caído criminalizando en mayor medida, si es
que esto es posible, a unos padres que tal vez se han equivocado visto lo fácil
que era obtener dinero, pero que lo mismo no son unos depredadores sexuales.
Creo que todo el mundo sabe que las correcciones en el mundo carcelario a los
sospechosos de pederastia no son precisamente muy de envidiar, ya que quien las
padece puede ser incluso ejecutado, pero nada de esto parece importar a los
sedicentes fustigadores de la presunción de inocencia que han hecho que
uniformes, togas y medios eleven la denominación “república bananera” al más alto
grado del esperpento.
Está bien que alguien se dé cuenta
que todo esto está pasando, como la Oficina de Defensa de los Derechos del
Menor de Baleares, que ha abierto un expediente sobre el caso Nadia al entender
que la continua e insostenible exposición de datos íntimos de la menor hace que
se convierta en doblemente víctima, aunque tampoco pienso que la cosa llegue
más allá de cuatro hipócritas golpes de pecho, porque las responsabilidades
civiles, y hasta penales, de esta revictimización de la niña Nadia, no serán
cubiertas y el caso pasará al catálogo de barbaridades patrias.
En lo referente al aspecto de la
estafa, en modo presunción, me quitaría el sombrero si el abogado consigue
demostrar la inocencia de los padres porque, aún sin conocer los detalles
precisos que consten en autos, la evidencia publicada es tan abrumadora que
cuesta pensar en otra solución más allá de la condena, la pública y la togada.
Eso sí, las horas de publicidad que está consiguiendo el letrado en todo tipo
de medios no tienen precio, y ya se sabe que ante una situación alambicada en
lo judicial el investigado cliente futuro siempre tiende a buscar lo mediático,
porque suele ser común que lo que sale en la tele debe ser bueno. En lo
profesional este letrado, con semejante caso, es de los que apuestan por las
Opciones Binarias, o acierta o pierde; pero en lo comercial no hay nada de
binario, gana sí o sí. Lo considero un letrado inteligente al utilizar a los
mismos medios de comunicación que alimentan la hoguera pública como parte de su
estrategia de defensa, ya que si ellos no respetan a sus clientes lo lícito es
que él se salga del entorno judicial para jugar igualmente a publicitar el otro
punto de vista, el denostado.
Al final, de no ser por la
implicación de una menor en todo esto, y también porque su vida ha quedado
definitivamente marcada, la realidad de lo acontecido sería para mofarse de
cuantos medios de comunicación presuntamente cualificados han estado implicados
en el caso y a los que, fundamentalmente el padre de la niña, ha sabido
venderles una burra coja haciéndoles creer que era capaz de dar saltos
mortales. Esto debe servir de lección práctica a los Detectives Privados para que
nunca olviden que sus indagaciones no pueden asentarse sobre presunciones, sino
sobre hechos contrastados y verificados por los escasos cauces que les deja la
administración pública; los medios de comunicación han dado una lección
magistral de lo que no se debe hacer al dar muestras de una inocencia tardía y
creerse a pies juntillas una historia tan fantástica que ni la propia niña
protagonista creería con sus once añitos. Ahora, visto lo visto, optan por el
derecho al pataleo y no dudan en esquilmar los microscópicos reductos de honra
que les queda a quienes demostraron, desde su codicia monetaria, que aquellos
que van de portadores de la verdad absoluta en su vertiente pública a veces no
son más que vendedores de humo, tanto o más como quienes se lo vendieron a
ellos.
